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Como expresa su título, la presente obra tiene por objeto los mecanismos de tutela y ejecución de las potestades administrativas de inspección y supervisión de sociedades que operan en los mercados. Junto con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tales potestades resultan instrumentos nucleares que permiten el control de las entidades en un contexto caracterizado por la expansión de su poder económico. En ese marco, resulta esencial la figura contenida en el artículo 294 CP, el delito de obstaculizar o impedir las citadas potestades. Éste es examinado de forma sistemática, haciendo hincapié en las razones que han determinado su escasa aplicación, a lo que no es ajeno la ignorancia de su existencia, los amplios poderes de investigación y ejecución de los que goza la Administración y el generalizado uso de las paralelas, y numerosas, infracciones administrativas. Por ello mismo se hace especial énfasis en la relación concursal del delito con estas últimas. De igual forma, se estudian los límites a dichas potestades administrativas, las cuales constituyen, simultáneamente, causas de justificación de los ilícitos penal y administrativo, en especial, los derechos a no autoincriminarse, a la inviolabilidad domiciliaria, al secreto de las comunicaciones y al ejercicio del derecho a la defensa. El trabajo se complementa con el examen de un instrumento central en la ejecución de las potestades de inspección y supervisión: la posibilidad de entrada y registro domiciliario para la investigación de infracciones administrativas, materia que difícilmente puede ser desligada de la anterior. La precisión de sus requisitos y límites, particularmente al hilo de la jurisprudencia constitucional, resulta esencial para evitar el relativamente frecuente fracaso en la persecución de graves ilícitos administrativos y penales.